GUATEMALA.- “Enemigo Interno” y Régimen Político a inicios de los años 80

Por Olivero Del Aguila

Abstract

El presente trabajo es un ensayo sobre la re configuración del Enemigo Interno a la par de la reconfiguración del Régimen Político militar existente en Guatemala, en el marco de la lucha contrainsurgente que a su vez estaba relacionado del avance la de lucha social y de clases contra el bloque de poder dominante conformado por el ejercito y la monopolios empresariales oligarcas que venían del afianzamiento del modelo productivo a partir de la contrarrevolución de 1954. El poder económico concentrado basado en la agroexportación y el explotación de la mano de obra por medio de la plusvalía absoluta, se fortaleció con la integración centroamericana subordinada al imperialismo estadounidense a partir de los cincuenta, pero este modelo y el régimen político de elecciones pactadas por partidos “anticomunistas”,  el denominado generalato, estaba en crisis a finales de los setenta. Así emergió el movimiento sindical, popular, estudiantil e indígena desde finales de esta década a inicios de la siguiente a la par del avance aunque en menor medida de las acciones militares de la insurgencia, poniendo entredicho la continuidad del sistema político y social. Ante esto una serie de cambios en la cúpula militar desde finales del 1981 y con mas fuerza a partir del golpe de Estado de marzo de 1982 por medio de la reconfiguración de la representación de enemigo interno, evito que el sistema colapsara y a su vez le dio paso a una democracia formal que neutralizo las acciones insurgentes y clasistas del campo popular.

1. La reconfiguración del Enemigo Interno

La necesidad que tenían los distintos actores de poder en el bloque dominante para desactivar las cada vez agudas contradicciones de clases y con ello las movilizaciones populares de finales de la década de los años setentas del siglo pasado y la organización comunitaria milenaria en el altiplano, en la década de los ochentas, se expresó en el imaginario del Ejército guatemalteco, que en consonancia con los manuales de guerra contrainsurgente, identificó a segmentos de la población como el Enemigo Interno.

Parte de las tácticas dentro de su estrategia de derrotar a las organizaciones político-militares aglutinadas en la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) fue destructurar las bases de apoyo que simpatizaban o estaba articuladas con estos grupos guerrilleros. Exterminando para ello, organismos comunales y liderazgos, que se consideraban oponentes al Estado.

1.1 El golpe  de Estado de 1982, parteaguas hacia un nuevo régimen político

Con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, se configura un nuevo mapa político, así el gobierno golpisa, comandado primero por la Junta Militar de Gobierno (JMG) con el general Efraín Ríos Montt a la cabeza, hasta la concentración del Poder Ejecutivo en este y la renuncia de los otros dos miembros de ese triunvirato, (general Horacio Maldonado Shaad y coronel Jorge Luis Gordillo). Ríos Montt (RM) presidirá el gobierno hasta que el 8 de agosto de 1983 cuando fue es removido por otro golpe de Estado, en el que los elementos del alto mando del Ejército y la mayoría de los jefes de las bases militares, imponen al ministro de Defensa, Oscar Humberto Mejía Víctores, como jefe de Estado.

Estos cambios habidos en el Estado, reflejaron rupturas internas dentro del bloque dominante.  Tales rupturas --que fueron mas evidentes en El Salvador o aún mas dramáticas como en Nicaragua-- fueron patentes al presentarse el informe Kissinger, elaborada por comisión bipartidaria del legislativo estadunidense que, a encargo del presidente Ronald Reagan, elaboró un documento donde se planteaba la necesidad de derrotar militarmente las fuerzas revolucionarias centroamericanas e iniciar un proceso de apertura democrática.

Las modificaciones al régimen político en El Salvador, Guatemala y Honduras, se caracterizaron por convocatoria a asambleas constituyentes, y por tanto, la creación de un nuevo pacto social con una buena dosis ideológica conservadora. Entre esas modificaciones contenidas ya en el Informe Kissinger se contemplaba, la participación multipartidaria en un primer momento de partidos conservadores ampliándose al centro y la izquierda, órganos técnicos electorales supuestamente imparciales, entidades estatales encargadas de velar por los derechos humanos, tribunales constitucionales, elecciones periódicas y respeto a las libertades civiles y a los derechos humanos (Revista Centroamericana 1857, número 13, 2012)

A nivel internacional, las élites y los gobiernos de los países vecinos (México, Panamá, Colombia y Venezuela) que integraron el Grupo de Contadora, impulsaron una serie de iniciativas cristalizadas en los acuerdos de la isla de Contadora en enero de 1983 y la posterior acta de Contadora de septiembre de 1984. En esta lógica, a iniciativas de estos gobiernos por la preocupación de las burguesías latinoamericanas frente a la posibilidad de una guerra regional ante los constantes agresiones desde territorio hondureño a la Revolución Popular Sandinista, se firman los acuerdos de Esquipulas I y II, en 1987 y 1988 respectivamente, por los gobiernos centroamericanos que estaban en la misma línea de los principios de Contadora (Ídem).

En ese marco la Junta Militar de Gobierno (JMG),  elabora el Plan Nacional de Seguridad Democrática (PNSD) creado por oficiales de Inteligencia Militar con asesoramiento  del gobierno norteamericano, entre los que sobresale el posterior ministro de Defensa en el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990) Héctor Gramajo. En este plan se plantea  la derrota militar de los grupos insurgentes por medio de distintos planes de campaña y planes operativos desde 1982 hasta 1987; este plan era en realidad un programa militar que planteaba una renovación a la Doctrina de Seguridad Nacional por medio de una  versión autóctona que años posteriores se denominara de Estabilidad Nacional.

Schimer comenta que a partir de entrevistas que esta antropóloga realizó a varios oficiales entre ellos Gramajo, la siguiente aseveración:

(...)El objetivo principal del Plan era crear una política amplia para poner en practica esta iniciativa de contrainsurgencia que estipulaba el “desarrollo de un contexto de seguridad racional y efectiva”[1] (1999: 89)

1.1.1...El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo

Este documento se subdivide en antecedentes y recomendaciones. Los antecedentes se subdividen en objetivos nacionales permanentes, problemas a enfrentar, objetivos del plan y concepto estratégico básico. Las recomendaciones se subdividen en acciones de aplicación y varios campos para la aplicación de estas acciones, acciones de aplicación inmediata y acciones de apoyo. Este fechado el 1 de abril de 1982, por el Jefe de Estado, Efraín Ríos Montt y los otros miembros de la JMG, Maldonado Shaad y Gordillo Martínez.

Los objetivos del plan eran:

1) Mantener la libertad, soberanía e independencia del territorio nacional.

 2) Garantizar a la ciudadanía el goce de libertad, bienestar común, seguridad y justicia.

En el campo psicosocial es patente el discurso sobre el nacionalismo, elemento preferido por el entramado ideológico del anticomunismo, que al no ser un sistema de ideas perfectamente elaborado se basa en la construcción de la otrariedad negativa, donde el comunismo aparece como un movimiento internacional y totalitario, enemigo de las supuestas raíces nacionales que se autodefinió como “democrático”.

Un lugar especial en las medidas a implementar es el tema de la propaganda de guerra, donde se insta a las  depedencia encargadas de la elaboración propagandística “para que neutralice las razones y banderas esgrimidas por la subversión en todos los campos y áreas (....) en todos los estratos sociales haciendo énfasis en el campesinado y la población analfabeta” (ob.cit).

En ese aspecto donde los medios de información actuaron como parte de una batalla ideológica, orientada a todos los estratos sociales, pero no solo poniendo énfasis como dice este documento al “campesinado y a la población analfabeta” sino la preocupación giraba alrededor tanto a lo interno de la tropa para garantizar la tan ansiada “unidad granítica” que muchas veces es una ficción como los sectores urbanos que son soporte, donde se encuentran los vasos logísticos.

Las características de la propaganda como las señaladas en los lineamientos encontrados en el PNSD y que estarían presentes en los planes de campaña; sería la construcción de una narrativa   –consustancial a la idea de Enemigo Interno- de oposiciones binarias. Es decir, lo nacional-extranjero, lo patriota-subversivo, fundamentales para edificar un relato “nacionalista”, argumentadas en clave anticomunista. Es decir un relato que hasta 2019 se sigue utilizando cuando se busca criminalizar (destruir por considerarlo fuera de la ley) a un actor que es molesto u opuesto, a los planes y proyectos de los grupos dominantes.

1.1.2. El caso de los Tribunales de Fuero Especial en el gobierno de Ríos Montt y cómo se concibió el Enemigo Interno

Falta discernir qué papel jugaron los Tribunales de Fuero Especial (TFE) en la apertura del proceso democrático y su fuerte componente represivo. Si se contemplaba como un eslabón bajo cierto parámetro de legalismo --fuera de todos los principios jurídicos-- se perfilaba como una iniciativa para ganar algún tipo de legitimidad para el proyecto político-militar de apertura democrática. O fue una iniciativa personal de Ríos Montt y su equipo, que pretendía neutralizar a la oposición de izquierda y democrática, la vez que avanzaba dentro de su proyecto personalista.

El establecimiento de los TFE que como señala Muñoz era el ejemplo más connotado de ilimitación de poderes, al establecer tribunales directamente organizados desde el Poder Ejecutivo, con jueces secretos y procesos judiciales sin ningún debido proceso judicial para los juzgados. Aquí la figura de Enemigo Interno busca ser combatida por medio de juicios sin garantías mínimas para los encausados de ser parte de acciones insurgentes. Con el golpe de Estado del general Oscar Mejía Víctores, esos tribunales desparecieron.

Sobre el Decreto Ley 46-82 que la da vida a los TFE en el primer considerando, se identificó la amenaza al status quo, de parte de las fuerzas insurgentes señaladas de “grupos de delincuentes” apuntando “que mediante actividades subversivas de naturaleza extremista pretenden por medios violentos cambiar las instituciones políticas, jurídicas y económicas de la nación” (Dicto Ley 46-82); sintetizando en este pequeño pero significativo párrafo, la imagen del Enemigo Interno que pretenden cambiar el orden.

Así con calificativos como “delincuentes que realizan actividades subversivas”, buscan rebajar la calidad de los opositores políticos, exaltando la naturaleza violenta de sus acciones para llegar al verdadero temor de los grupos dominantes, la amenaza que implica para el orden neocolonial la actividad revolucionaria de las masas populares, es decir la modificaciones de las instituciones políticas, jurídicas y económicas de la nación.

Por consiguiente se considera al Estado, el baluarte del mantenimiento del orden, la tranquilidad social y defensor de las vidas de los habitantes y de las propiedades considerando entonces, que “se hace necesario dictar una ley que garantice una rápida y ejemplar administración de justicia, en el juzgamiento de delitos que atenta contra estos valores” (Ídem). Pasando por alto principios jurídicos mencionados por Muñoz, en lo que se refiere a destruir el equilibrio de la división de poderes en un Estado liberal; aunque tal equilibrio en la historia política de Guatemala ha sido una ficción.

Esta ley se refiere a una serie de delitos que se encuentran en el Código Penal vigente, delitos que por sus connotaciones amplias en cuanto a los hechores de estos, puede ser enmarcados en una legislación antiterrorista, pero también contrarrevolucionaria o contrainsurgente. Se aduce que los imputados y enjuiciados por TFE, son aquellos que buscan subvertir o destruir la organización política, económica, jurídica y social de la nación. Estos según el artículo cuarto de tal decreto se refieren, a los responsables de los delitos dentro Código Penal como, (Plagio o secuestro), 283. (Incendio agravado), 286. (Fabricación o tenencia de materiales explosivos), 289. (Desastre ferroviario), 290. (Atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos), 291. (Desastre marítimo, fluvial o aéreo), 292 (Atentado contra otros medios de transporte), 294. (Atentado contra la seguridad de Servicios de Utilidad Pública), 299. (Piratería), 300. (Piratería aérea), 302 (Envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal), 359. (Traición a la propia), 360. (Atentados contra la integridad o independencia del Estado), 361 (Traición impropia), 376. (Genocidio), 391. (Terrorismo), 401. (Depósitos de armas o municiones), y 404. (Tráfico de explosivos) cuya pena, se les impondrá la pena de muerte, (Decreto ley 46-82).

Una característica de los TFE fue la aplicación de la pena de muerte, aunque esta fue conmutada por Ríos Montt, debido a la presión internacional, sobre todo de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otras características mencionadas: la falta de garantías mínimas para los procesados, aplicándoles un fuero de carácter militar, la inexistencia de juicios públicos, el secretismo del proceso y de los jueces, entre otros. (Muñoz 2011). Todo esto buscando otorgar cierta careta legal --aunque totalmente deformada-- a la persecución de los considerados como subversivos.

El carácter de bisagra de los gobiernos militares, independientemente si los TFE entraban en el libreto original, se identifica al tener como marco la Proclama Militar del Ejército del 23 de marzo  de 1982 en tanto fuente originaria de derecho y el Estatuto Fundamental de Gobierno, que en efecto fue la base formal del ordenamiento jurídico en los gobiernos de facto de Ríos Montt y de Mejía Víctores (Muñoz 2011). Este autor hace algunas precisiones sobre la tendencia de estos gobiernos a concentrar el poder en la figura presidencial, tanto los otros poderes (Legislativo y Judicial), donde la independencia judicial dejo de ser una formalidad, sino una interferencia explicita de la decisiones y de la administración interna del Poder Judicial, afectando los derechos fundamentales en cuanto al debido proceso (Ídem).

Los TFE sería derogados tras el golpe de agosto de 1983 por medio del Decreto Ley 98-83, justificando --pese a su derogatoria-- la existencia de estos, al mencionar que “han decrecido ostensiblemente los motivos que determinaron su creación” (Muñoz, 2011). Quedando la duda, mencionado más arriba de sí estos tribunales cumplían algún papel en el proyecto político contrainsurgente de edificación de un nuevo régimen político o solamente eran creación de un caudillo como Ríos Montt.

1.2. El golpe de Estado de agosto de 1983 retoma el proyecto militar original

Las desavenencias al interior de la cúpula militar, con respecto al estilo personal del gobierno de Ríos Montt se hicieron evidentes. Al interior del Ejército, algunos elementos del alto mando quienes habían apoyado el golpe contra Romeo Lucas García, consideraban que no ejercía suficientemente el poder tanto en el Estado como al interior de la institución armada, pues RM priorizó su relación con los denominados “oficiales jóvenes” quienes fueron los promotores del golpe del 23 de marzo y lo pusieron al frente del triunvirato, apoyando la acción concentradora del general de División.

Los golpes de Estado de 1982 y agosto de 1983, comparten elementos de fondo para entender las características de estas dos asonadas. El primero fue un golpe de tipo preventivo que se realiza  ante una crisis orgánica de dominación y de legitimación de todo el Estado, para iniciar un proceso de reforma al Estado que se relegitimara, lo cual logró cierto consenso social --reprimiendo a los segmentos más propensos a una insurrección-- estableciendo hacia un nuevo régimen por medio de una política de reacción democrática[2].

Mientras que el segundo tiene en su similitud, que era un rencauzamiento de la estrategia, rota temporalmente por Ríos Montt y su intento de convertirse en caudillo que dirigiera a sus anchas el proceso que el discursivamente comprometerse, pero que generaba dudas en distintos factores de poder.

El golpe de agosto de 1983, por otro lado, será un reajuste de fuerzas entre ciertos factores tradicionales, como el alto mando entre sobre salían los generales Mejía Víctores y Alejandro Gramajo, entre otros; que contaban con el respaldo del gobierno estadunidense y las principales cámaras empresariales, y tenían el expreso fin de rencauzar las ruta ya implementada por Washington.

En el caso de los empresarios, sus razones se centraban en evitar un ajuste fiscal sobre ellos, en ese sentido tanto el gobierno del general Mejía, como los gobiernos siguientes, acariciaron la idea fomentar un golpe de Estado; pues la exigencia del Ejército fue  una mayor contribución fiscal para financiar el Estado y el esfuerzo de guerra.

 Estados Unidos buscaba por su parte que Guatemala se alineara a la ofensiva militar contra Nicaragua, pues el general Ríos Montt no se comprometió como esperaba el Pentágono. Sin embargo, el segundo gobierno golpista trata de no comprometerse, al grado que el canciller Fernando Andrade Díaz-Duran, hombre experimentado en político y cercano a los grupos empresariales, apoyo las iniciativas “pacificadoras” en la región.

La diferencia entre estos dos golpes, fue que mientras el primero es de carácter constitutivo para emprender la estrategia que se define escuetamente en el PNSD, el segundo fue correctivo ante los desmanes de Ríos Montt que asustaban a los grupos de poder. Desmanes donde no se cuentan la represión contra la población civil por su puesto, pues en este punto, las distintas expresiones y fracciones del bloque burgués, coincidieron.

Figueroa Ibarra ha aportado interesantes argumentos, como el de transformismo similar al concepto de Gramsci de “revolución pasiva”; con el que el gobierno militar de Ríos Montt pretendía realizar reformas sociales retomando agendas inconclusas de la revolución democrático-burguesa de 1944. Pero que no pasó a más, emprendiendo por el contrario el mayor genocidio contra los pueblos mayas y el pueblo guatemalteco, de la historia reciente. Mejía Víctores por su parte significó, ante los temores de emprender reformas profundas al estilo velazquista, el reacomodo a una agenda más ligera y además reaccionaria, en el marco de lo que define Nahuel Moreno.

Este transformismo tiene un carácter bicéfalo según Figueroa, una criatura tal como el minotauro de la mitología griega. Pues se estatiza y militariza diversos sectores de la sociedad civil como las Patrullas de Autodefena Civil (PAC), por un lado. Por el otro, se implementa como parte de las operaciones psicológicas del PNSD y los planes de campaña y operativos, una serie de constructos ideológicos sobre todo la representación social del enemigo interno, donde los medios de difusión buscan establecer un auditorio o público, tanto en los territorios afectados por la guerra y la militarización mas directa, como en los centros urbanos, donde el accionar guerrillero fue duramente golpeado.

Un aspecto importante es la faraónica operación de estatizar,  por un lado a diversos sectores de la sociedad civil a través de la militarización y la violencia; a la vez de lograr un consenso relegitimando al Estado,  ya sea de manera coercitiva por medio de terrorismo estatal y pasivamente,  mediante el logro del reconocimiento de diversas capas de la población. Esto es lo que este autor denomina como la centralización del poder estatal, es decir una criatura b con la cara animalesca y salvaje y otra, con el lado humano y benefactor (Figueroa Ibarra 2001).

Las contradicciones al interior del Ejército por el poder que la denominada “juntita” --es decir los oficiales medios que asesoraban y decidían sobre decisiones del gobierno-- sobre el consejo de comandantes y el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), llegaron a un límite, y estos últimos promovieron el golpe contra Ríos Montt, junto a los jefes de las bases militares, excluidos también de las decisiones. El consejo de comandantes designa entonces, a Óscar Mejía Víctores como jefe de Estado y ministro de la Defensa, al general Rodolfo Lobos Zamora, como jefe del Estado Mayor, el general y abogado Manuel de Jesús Girón Tanchés, al coronel Pablo Nuila Hub como jefe del Estado Mayor Presidencial y al abogado Fernando Andrés Díaz-Durán cercano al empresariado como canciller (Rosada 2011).

En ese momento se reforma la Ley Constitutiva del Ejército para promover mayor centralización de parte del EMDN, mayor rotación de los puestos, menor autonomía de la aviación y la marina y se reestructura las direcciones especializadas, Personal (D-1), Inteligencia (D-2), Operaciones (D-3), Logística (D-4) y Asuntos Civiles (D-5). Las funciones de estas, serían estratégicas para el debilitamiento de la insurgencia, pues con eso se coordinó todos los programas asistenciales, denominadas desarrollistas, implementados en los Polos de Desarrollo o Aldeas Modelo y las Coordinadoras Interinstitucionales, todo ello bajo la lógica de recuperación o Defensa Integral del Territorio.

2. El enemigo interno en la reestructuración del Estado a partir de 1982

Héctor Rosada plantea que la denominada “guerra sucia” es la generalización de la violencia como recurso para aplastar a cualquier actor social que a criterio de los agentes de la seguridad nacional se opongan a la existencia de un régimen político dominante, propio de un típico caso de crisis de hegemonía, donde el consenso falla (2011:147).

Esta definición propia de la Doctrina de Seguridad Nacional, Rosada la matiza a partir de las modificaciones doctrinarias en cuanto enfrentar a la insurgencia en su intento de dejar de ser “un ejército de ocupación”, la cual se contiene ya en documentos como el PNSD y que después se materializara en la tesis de Estabilidad Nacional. Siendo la génesis, dice este autor, de un complejo proceso de tierra arrasada, polos de desarrollo, patrullas de autodefensa y coordinadoras interinstitucionales (Rosada, 2011).

Los planes  “Campaña Victoria 82” y de “Operaciones Sofía 82”, dentro de la estrategia militar cumplieron fines táctico-operativos de índole represiva y control ideológico sobre la población considerada base social del insurgencia, específicamente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), integrante de URNG. Dichos planes se  centraron en regiones con donde el EGP creó estructuras locales como los Consejos Clandestinos Locales ---que era órganos de gobierno insurgente- y las Fuerzas Irregulares Locales, lo que jerga de la guerra contrainsurgente se denominó “Organizaciones Político-Administrativas del Enemigo”. Ante eso, la estrategia de las fuerzas armadas se denominó de “espejo”, creando unidades civiles combatientes afín al Ejército, es decir las PAC y programas asistenciales para supuestamente aliviar las condiciones de pobreza y zozobra, provocado por el mismo horror del terrorismo de Estado.

Dentro de esa misma lógica está el plan de campaña “Firmeza 83” que buscó consolidar las posiciones arrebatadas a la insurgencia, el andamiaje local militarizado construido por el Ejército y la continuación de operaciones por medio de unidades especiales contra las células guerrilleras. Este implementado primero por Ríos Montt, lo continuo Mejia Víctores (Rosada 2011).

Esos planes de campaña retomaron la estrategia en los últimos años del gobierno de Romeo Lucas García, cuando designa a su hermano Benedicto jefe de la base militar de Poptún quien era graduado en la académica francesa de San Cyr --donde se sintetizó la escuela contrainsurgente colonialista francesa y de la cual Benedicto Lucas fue un brillante alumno; esta escuela influyó tanto en manuales, como en planes de campaña al Ejército guatemalteco-- como jefe del EMDN. Esta decisión de Lucas García rompe la línea jerárquica al interior de la fuerza armada y agrega una pizca más de molestia contra ese gobierno.

El Ejército entonces, realiza una operación de pinzas ante los inminentes ataques que la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y EGP realizaban cerca de la ciudad capital, realizando las primeras acciones de “tierra arrasada” en Chimaltenango y que después se moverán paulatinamente, ya en el gobierno de Ríos Montt, a Quiché, Sololá y Huehuetenango. Se implementa unidades especiales contraguerrilleras, en este caso la Fuerza de Tarea Iximché (Schirmer 1999) para recuperar territorio con presencia guerrillera y con algún control de la insurgencia.

Esto se repitió en los años siguientes mediante los distintos planes de campaña donde se usaran diversas fuerzas de Tarea Conjunta, en particular en el gobierno militar de Mejía Víctores como parte del “Plan Firmeza 82”, cuando se implementó la Fuerza de Tarea Gumarcaj que buscaba desgastar más a la insurgencia para acorralarla en puntos con poca capacidad de afectar al Ejército y a la infraestructura nacional. En los hechos, si bien la insurgencia no pudo recuperar los territorios perdidos, tuvo la capacidad de infiltración y sabotaje; no por nada las fuerzas armadas realizaron el “Plan Reencuentro Institucional 84”, que en el marco de la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, estuvo presente el temor de que la insurgencia las saboteara. Los planes subsiguientes, para garantizar las elecciones de 1985 y los ejecutados durante el gobierno de Cerezo Arévalo, buscaron debilitar la capacidad de la guerrilla de sabotear la infraestructura de la Costa Sur, algo que no lo lograron, pero sí, evitaron que se expandiera, pese algunas acciones propagandísticas guerrileras, en tal sentido.

Un aspecto sobresaliente fue la reorganización del Ejército por medio del Decreto 28-83 conformado una nueva ley constitutiva, creando de tal forma la figura del Estado Mayor de la Defensa Nacional que coordinaría el funcionamiento y operatividad de la Infantería, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, en sustitución del Estado Mayor del Ejército,  en la que el ministro de la Defensa estaría a cargo de los preparativos estratégicos de las operaciones contrainsurgentes (Figueroa Ibarra 2001: 50). Se mantiene la figura del Estado Mayor Presidencial que data de las reformas constitucionales de 1968 en el gobierno de Méndez Montenegro, que adquiriría funciones de espionaje y contra-espionaje en coordinación en algunos momentos y en competencia en otros momentos, con la Dirección de Inteligencia del Ejército.

En línea jerárquica seguiría el viceministro, el jefe del EMDN, el subjefe de ambos y a su cargo tendría la Inspectoría General del Ejército, y los comandos militares compuestos por brigadas, zonas, bases, la aviación y la marina. Los comandos especializados como la Guardia Presidencial, la Policía Militar Ambulante, entre otros y las direcciones como Inteligencia, Personal, Logística y Asuntos Civiles que realizaría junto a Inteligencia, el papel fundamental de militarizar a la población civil bajo las PAC, convirtiendolo en un conflicto más,  en  guerra interna, con vistos de civil (Ídem).

2.1 Se reorganiza el Estado para los fines contrainsurgentes

Entre los elementos más destacados del reordenamiento durante el gobierno de Ríos Montt, están los siguientes:

1) La rezonificación militar del país, a partir de la nueva concepción contrainsurgente establecida desde los últimos meses del gobierno de Lucas García.  De esa forma se instalaron brigadas militares en los 22 departamentos y la Base Naval del Pacífico para defender el estratégico Puerto Quetzal (Ibídem). Siendo cada uno de estas una zona militar y estableciendo bases de menor tamaño en las cabeceras municipales, donde opero la insurgencia y destacamentos en poblaciones menores,

2) La inteligencia por su parte dependiente del EMDN, construyó una red de informantes formales como los comisionados militares e informales --las denominadas orejas-- que como parte de la ampliación de la estrategia contrainsurgente y la rezonificación militar, estaba previsto que tendría equipos operativos por lo menos en cada brigada. Esta coordinará, además, con otras instituciones de seguridad como la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, por medio el Centro de Reunión de Información y Operaciones, estructura existente desde 1981 (Rosada 2011). En cierto momento esta competirá por recursos y poder con el EMP y su unidad de inteligencia denominada El Archivo, que tendrá una vía directo con el Presidente,

3) La denominada tierra arrasada, consistió en una serie de masacres del Ejército sobre la población que se consideraba simpatizante del EGP que en algunos casos se preparaban a insurreccionarse contra el Estado. En la medida que va extendiéndose la estrategia de rastrillo del Ejército se van formando las milicias civiles contrainsurgentes, a la par de programas asistenciales como “Frijoles y Fusiles” dentro de las operaciones del Plan Victoria 82 y la etapa consiguiente de este, Plan de Acción en Áreas de Conflicto (Paac) conocido como Techo, Tierra y Trabajo, como parte del Plan Firmeza 83.

4) El reasentamiento de la población, que huyendo de la represión del Ejército este mismo establece los denominados Polos de Desarrollo, en los municipios de Nentón, La Libertad, San Martín Jilotepeque, Chajul, Nebaj, Uspantán, Cotzal, Panzos, San Cristóbal Verapaz, Cahabón, Senahú[3]; los primeros dos en Huehuehetenango, el tercero en Chimaltenango, el cuarto, quinto, sexto y séptimo en Quiché; y los últimos cuatro en Alta Verapaz, durante el gobierno de Ríos Montt. Posteriormente, ya con Mejía Víctores se asentaron otros como en Playa Grande, Quiché; Chacaj, Huehuetenango; Chisec, Alta Verapaz; y posteriormente durante el gobierno civil de Vinicio Cerezo se asentaron más poblaciones de ese tipo, a la par que se extendieron las PAC hacia casi un millón de hombres. (Figueroa Ibarra 2001).

En el caso de los Polos de Desarrollo, estos procuraron recluir a las poblaciones destruidas por el mismo Estado, en urbanizaciones con algún servicio público moderno y calles asfaltadas controladas por guarniciones militares. Además de proveer el cultivo de vegetales distintos al maíz y al frijol, con el objetivo de romper el sentido cultural de la milpa y producir alimentos excedentarios para el intercambio mercantil, algo que en muy pocos casos se logró (306:2001).

Además se impuso el trabajo semiforzado sobre todo para obras de infraestructura, retomando un elemento de la cultura de terror del Estado aplicado por las dictaduras liberales oligárquicas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; bajo el eufemístico nombre de “Alimentos por Trabajo” (307:2001).

5) La censura, que consistió en regular y controlar la información relacionada a la guerra, creando para eso el Departamento de Información y Divulgación del Ejército (Dide); la única fuente e instancia para informar a la prensa (Rosada 2011). En los hechos los medios informativos corporativos protestaron y esa directriz perdió fuerza, de ahí que el interés de esta tesis de revisar fuentes,  como el Diario de Centroamérica que al ser órgano oficial recibía la información directa del Dide y Prensa Libre, órgano mediático cercano a los grupos empresariales, asume cierta tendencia no oficialista --pues realizar críticas al gobierno sobre todo cuando afectan los intereses empresariales-- si comparte los elementos unificadores de la defensa de clase del bloque en el poder.

Se puede decir que la penetración en las comunidades con el establecimiento de las Aldeas Modelos, las PAC y los distintos programas asistenciales denominados desarrollistas por el Ejército, tuvieron éxito en la reorganización bajo la lógica contrainsurgente, del tejido local. En este sentido las operaciones psicológicas, pese a existir dentro de los lineamentos existentes en la Doctrina de Seguridad Nacional, con el replanteamiento estratégico de la fuerza armada se implementa una táctica más fina para lograr el control población y la colaboración de esta, “ganando las mentes” como mencionan los manuales contrainsurgente.

2.2 La reorganización estatal en la reconstitución de la noción de Enemigo Interno

Por su parte el gobierno de Mejía Víctores, impulso además una reorganización de la administración pública mediante las Coordinadoras Interinstitucionales como se mencionó líneas arriba; las cuales tenían a su cargo coordinar las distintas funciones estatales, con organizaciones no gubernamentales bajo la lógica de la Defensa Integral del Territorio, se establecieron primeramente en las regiones donde se organizaron los Polos de Desarrollo. Las Coordinadoras Institucionales se convirtieron en un aparato ideal –en el periodo que existieron-- para extender la influencia del proyecto contrainsurgente, la creación de soporte social en búsqueda de una hegemonía que en muchos casos se ha mantenido, en lo que respecta al respaldo a proyectos conservadores por firma de los Acuerdos de Paz y a la imagen que se tiene del Ejército, como sostén de la seguridad pública,

Posteriormente se extenderá a todo el país estableciendo una Coordinadora Interinstitucional Nacional presidida por el jefe EMDN, con asesoría de la Secretaria General de Planificación (Segeplan) y el Comité de Reconstrucción Nacional[4]. Además de coordinadoras a nivel departamental dirigidas por los jefes de brigada, coordinadoras municipales presididas por los jefes de destacamento o alcaldes municipales y así sucesivamente (Rosada 2011).

De cara al proceso de retorno a la constitucionalidad, con la convocatoria y elección de una nueva Asamblea Nacional Constitucional se pretende coronar el proceso de deslegitimación a la insurgencia armada sobre todo --y otras expresiones consideras también parte del enemigo interno-- y legitimar el Estado reconstruyendo el pacto de dominación entre las distintas élites, entre los elementos mas destacados en ese sentido fueron:

a) Un  nuevo Plan de Campaña Rencuentro Institucional 84, el cual  refuerza el funcionamiento de las PAC, reubicando a desplazados en las Aldeas Modelo, consolidando territorios arrebatados a la guerrilla y presionándola hacia lugares estratégicamente más inviables para el combate (Ídem). En el ínterin, los partidos políticos mostraron sus dudas acerca de la neutralidad de las autodefensas civiles para los candidatos que no tuvieran el visto bueno de fracción militar gobernante. El gobierno militar por su parte se comprometió a mantener la neutralidad y no favorecer a ninguno de los candidatos.

b) El plan de campaña Estabilidad Nacional 85, que por medio de la intensificación de los operativos militares contra la insurgencia --que pese a estar debilitada tenía la capacidad de reorganizarse, de seguir golpeando al Ejército, aunque no controlaban territorio, la obliga a un reflujo estratégico[5]- buscando la participación de la población en las elecciones generales para presidente, diputados y alcaldes de finales de 1985 (Ibídem). Aunque la tan ansiada re-legitimación del Estado no se logró del todo, pues en las elecciones para la ANC y en menor medida las generales de 1985, el voto nulo y blanco fue alto y aunque el abstencionismo en la primera fue del 25 por ciento y en las generales vuelve a repuntar. El movimiento popular por su parte, con mayor dosis de libertades públicas a partir de la existencia del primer gobierno civil de la Democracia Cristina, volvió retomar la beligerancia, aunque fue golpeado por la continua represión.

c) Las operaciones psicológicas, la recomposición Dirección de Asuntos Civiles (D5) bajo la venia del EMDN y el establecimiento de la Sección de Asuntos Civiles y Desarrollo Comunitario (S5) perteneciente a la D5, crearían las condiciones “psicosociales” para la penetración en las comunidades, neutralizar la influencia guerrillera y buscar su derrota militar. Este elementos, junto a los otros mencionados de la estrategia militar, parte del proyecto político, quedó plasmando en la Doctrina de Estabilidad Nacional y en un manual escrito hasta 1987, denominado Forjar y Libertar (Schirmer1999).

Esta autora menciona que los cinco objetivos de las operaciones de asuntos civiles fueron:

(....) a) Reforzar las acciones de la institución armada;

            b) Potenciar los efectos –duraderos- de las operaciones militares haciendo más contundente y definitiva la derrota del enemigo;

            c) Limitar el surgimiento de bandas armadas y terroristas y de sus unidades de apoyo en la   población;

             d) Lograr la participación de la población en el esfuerzo para alcanzar el mejoramiento de sus condiciones de vida ya en las tareas de reconstrucción (1999:184; cfr Ejército: 1987)

d) El papel de Asuntos Civiles ten la creación de las PAC y la reconstrucción del tejido comunitario, al identificar lideres para conformar estos cuerpos paramilitares, entrenamiento militar y su apertrechamiento; junto actividades de inteligencia como recopilación de información, tarea que se hacia junto a las patrullas locales del Ejército; acompañamiento a las PAC en materia de persecución de líderes opuestos a la militarización y defensa ante ataques guerrilleros (Schirmer, 1999). Esto tuvo el efecto de la reconstrucción del tejido local, bajo un fuerte dispositivo militarista donde los patrulleros civiles, los informantes irregulares conocidos como “orejas” y los comisionados militares imponen un estado de persecución a quien se consideraba arbitrariamente subversivo.

e) La penetración ideológica, la creación de representaciones sociales específicas sobre el papel del Ejército, como institución buscaría crear una base social en favor del proyecto contrainsurgente y derrotar al enemigo enmarcado en la subversión. La imágenes respectivas por medio de la propaganda y el papel del Departamento de Divulgación del Ejército, en su constante campaña de contrarrestar la imagen de la fuerza armada como violador de los derechos humanos, bajo la idea de que se estaba librando una guerra contra la “subversión” y el “comunismo internacional” con el respaldo de la población, creando un dispositivo como las PAC, bajo el supuesto de que eran “voluntarios” (Ídem).

En ese sentido se buscaría incorporar al “indígena” al proyecto político-militar de apertura democrática. Es decir, buscando homogenizar a los pueblos mayas bajo una figura ideal, de ser una especie de entidad que pervive de “tiempos remotos” en un escenario folclórico. Que debido a su supuesto atraso, con respecto “al desarrollo capitalista”.

e) Asuntos civiles del ejército o la “inteligencia social”, Schirmer expone una larga entrevista al general Héctor Gramajo y a Sergio Camargo Muralles, jefe de la brigada de Quetzaltenango en el segundo lustro de la década de los ochentas del siglo pasado. En esencia es el uso de civiles  --empleados públicos-- que diagnostican la situación de x o y aldea o comunidad, acopiando información que posteriormente es sistematizada por el Ejército.

Schirmer dice que:

“la inteligencia social penetro mas de fondo en las comunidades para entender las condiciones que propician la distención (...) para detectar cualquier descontento potencial antes que ocurra o si llegara a ocurrir (...) incluye tomar medidas preventivas para controlar e incluso eliminar a oponentes del Estado potenciales o reales (1999:206)

Las operaciones psicológicas, la inteligencia social y la inteligencia militar como marco de las primeras dos, serán eslabones de la estrategia global y parte del proyecto político contrainsurgente. Es importante resaltar que la noción de enemigo interno está en constante movimiento, aunque enfocando al denominado “subversivo” es decir el guerrillero o “comunista armado” como núcleo central de una representación social. Tal representación por su parte, tendrá derivación en la cual se incluye a la población contaminada por la ideología “subversiva”. En la concepción estatal, la población maya considerada como rémora tendrá que “limpiarla” de la influencia “comunista”, rescatándola y reeducándola bajo la bandera del nacionalismo, expresión que nunca se termina de definir.

3. El uso de la ley para la construcción del enemigo interno

El corolario de esta compleja operación, en el plano de remoción estatal y conformación de un nuevo régimen político, constaba en la creación de un nuevo marco jurídico. Este nuevo marco jurídico tiene su génesis en el periodo estudiado de los dos gobiernos militares, la Proclama Militar y el Estatuto Fundamental de Gobierno, constituyéndose en marco constitucional de facto. Aquí se observa lo que Poulantzas denominó el componente jurídico-político de la ideología.

La ley al establecer categorías para prescribir y ordenar la realidad, establece quienes están dentro y fuera de ella. Nuevamente bajo el binarismo de lo nacional y lo foráneo compaginado con el amigo-enemigo y ahora se agrega con lo legal-ilegal. Es la manera coercitiva de aplicar el monopolio de la fuerza del Estado y una forma persuasiva para crear un sentido común, esto va de la mano con las representaciones sociales, pues una de las funciones de esta es crear ese marco de significación aceptado que por su parte genera adherencias.

En la creación de sentido común, la ideología jurídica-política que se establece para recrear y sostener cierta opinión pública, tiene la finalidad de generar la legitimidad necesaria. En este caso de un Estado militarizado que le abre paso a partir del control mismo que el Ejército tiene del proceso, a un Estado formalmente democrático. Se busca la legitimidad por medio del consenso pasivo, mediado por la represión y la militarización de la sociedad civil. Es aquí donde la ideología jurídica-política hace la distinción con los otros --considerados no iguales y por ende fuera de la ley-- creando un marco significativo que logra descalificar al oponente, en este caso se plasma en el sujeto revolucionario y luego se extiende a cualquier sujeto mínimamente crítico.

En términos prácticos, al derogarse la Constitución Política de 1965, se emite el Estatuto Fundamental de Gobierno (Decreto-Ley 24-82), cuyo sentido autorreferencial clarifica las justificación del golpe de Estado del 23 de marzo, relacionado a la pérdida de legitimidad del gobierno de Lucas García y la búsqueda de un proyecto contrainsurgente, cuya finalidad sería neutralizar al Enemigo Interno, ya sea seleccionandolo o encuadrándolo... Este marco constitucional provisional que junto con otros decretos, como las amnistías, decretos de suspensión de derechos, las reformas a la Ley Constitutiva del Ejército, la creación de los Polos de Desarrollo, la primera ley electoral de partidos políticos, la creación del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos, la propia convocatoria para las elecciones a la ANC; son los cimientos del nuevo régimen político.

Claramente el Estatuto Fundamental de Gobierno establece esta distinción entre los que están fuera y adentro de la ley aplicándoles la consideración del otro o de convertir en el enemigo de la nacionalidad guatemalteca a los que violen la ley. De tal forma, según el artículo 13 se pierde la nacionalidad por traición a la patria, perdiendo la ciudadanía (artículo 21); siendo obligaciones de los guatemaltecos (artículo 15) la obediencia a la ley y el cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Se reconocen los derechos y garantías individuales pero como menciona la antropóloga estadunidense bajo un sentido de segurización y de tutela del papel del Ejército, de tal forma que en el capítulo V, artículo 23 estos quedan tutelados bajo el amparo de la Junta Militar de Gobierno primero y con la concentración de poderes de Ríos Montt por el gobierno militar. Así en el inciso 6 se dice que “queda prohibido sin excepción” todo tipo de organización y asociación “totalitaria”; sin que quede el totalitarismo definido, aunque se puede inferir que es la forma que se concibe para el establishment, el pensamiento revolucionario y socialista marxista.

De igual forma, al final del artículo en cuestión del Estatuto Fundamental de Gobierno, la muleta que existe en todos los ordenamientos constitucionales del mundo. El disfrute de estos derechos será siempre y cuando no rompa la paz social, que en la lógica contrainsurgente guatemalteca se traduce en “los límites de las medidas de seguridad” dictada por el gobierno militar. Posteriormente serán las instituciones representativas del poder público, que encarnan el ethos estatal; quienes impondrán estos límites.

En ese sentido de segurización, el Ejército tienen la obligación de hacer cumplir la ley y exigir obediencia absoluta a las directrices emanadas desde el Estado, sin embargo la institución armada esta por encima de esto y puede violar la ley bajo el supuesto de mantener el ordenamiento jurídico (Schirmer, 1999). De tal forma que la ley,  deja de ser una aspecto ideológico y se vuelve una norma de estricto cumplimiento, buscando influir en el sentido común por medio de diversas imágenes y relatos, donde el Ejército es quien cumple el papel de salvaguarda del orden y la paz, con respecto a los enemigos totalitarios que la pretenden romper.

Pese al encubrimiento ideológico legal se sigue manejando la óptica propia de la Doctrina de Seguridad Nacional, en el sentido que la población en general será sospechosa. De tal forma el enemigo interno es de doble vía: a) uno posible pero que a la vez es reducible, en un eterno círculo de segurización de las relaciones sociales y b) otro absoluto, cual hay que destruirlo, para el caso de Guatemala, al no aceptar la amnistía decretada por los gobiernos militares, o por no bajar de la selva por ejemplo, las Comunidades Populares de Resistencia, que resistiendo en la montaña, se mantuvieron si ser apresadas y desarticuladas por el Ejército.

2.2 El aspecto jurídico-político de la ideología con respecto al Enemigo Interno

El Estado Liberal heredero de las revoluciones burguesas europeas de los siglos XVII, XVIII, XIX, reviste una serie de principios en que garantiza las libertades individuales convirtiéndose estas, en el paraguas que permite a todos los individuos considerarse con derechos en contraposición a la sociedades estamentarias feudales. Sin embargo el capitalismo termina por aprovechar todo este ropaje jurídico y filosófico y moral, a favor de las libertades de élites y grandes monopolios (1984: 274). En nuestro país,  esta igualdad jurídico formal es por lo mas una caricatura introducida por la Reforma Liberal de 1871, como parte del proyecto de consolidación hegemónica de una clase agroexportadora; donde los agentes y clases subalternas se beneficiaron poco de estas libertades individuales[6].

La ideología jurídico-política se presenta además, como una técnica científica que es poseedora de cierta cualidad para formar o apadrinar opinión pública, que por un lado se conforma como un cuerpo de reglas prácticas y una concepción racional que cubre la administración pública. Por otro lado, al considerarse con un sentido científico, busca desde ahí formar el consenso necesario bajo la forma que reviste el Estado moderno, para mantener la dominación de una o varias facciones de la clase burguesa (Poulantzas 1984).

Todo el aspecto legal que los dos gobiernos de facto, Ríos Montt y Mejía Víctores impusieron como preludio del marco constitucional actual, cuyo horizonte fue encaminarse a una democracia formal con derechos y deberes bajo los parámetros del ciudadano individual ejerciendo los derechos sin que cuestione las grandes líneas del modelo económico. Durante estos dos regímenes, donde el Ejército actuó como corporación en el ejercicio del poder formal, pasa a que previo de la instauración de esta democracia liberal se tiene que neutralizar, bajo los parámetros de la ley --aunque sea de facto-- los que cuestionaron el orden capitalista imperante. Claro esto pasa por como se resaltó en el capítulo anterior, a partir de lo mencionado por Schimer de que el imperio de la ley, no siempre tenía que ser acatado por el Ejército.

Pero para eso se necesitaron, los medios escritos en formar opiniones públicas reproduciendo las representaciones sociales del Enemigo Interno. Crean públicos específicos por lo menos fragmentos del conglomerado social que son depositarios de cierta opinión, donde el Estado se erige como representante universal de la población. Para posicionar relatos, que buscan legitimar al enfocarse en ciertos públicos, que sus representaciones sociales se adhieran al discurso ideológico hegemónico, para construir una normalización en sintonía a lo planteado por Vela, como ideas de la contrarrevolución.

Buscará por ejemplo, que la representación de Enemigo Interno y los actores incluidos como tales, se consideren enemigos de parte de grandes segmentos sociales, pero cuando esto no resulta y la influencia de estos actores “enemigos o subversivos” es notoria sobre diversas capas sociales y logra la movilización de estos por sus propios intereses, se tiene el uso de la fuerza.

Sobre el uso de la fuerza (la cual el aspecto ideológico jurídico-político) la justifica como instrumento necesario para mantener el orden, Poulantzas retomando a Gramsci dice que al romperse “el consentimiento acorazado de coacción” y con eso “el consentimiento con la dirección” la represión física organizada se vuelve un complemento. Porque las noción de fuerza no puede “ni ser teóricamente aislada de las relaciones de poder bajo las nociones de potencia, ni extenderse geométricamente bajo las nociones de violencia, a los lugares de dominio y subordinación que ocupan las clases sociales” (1984: 290-291). Es decir, siempre se ejercerá en una correlación de fuerzas favorable para las clases dominantes y el Estado y enfocado en actores conformados en sujetos potencialmente revolucionarios, como los que enfocados para el caso de Guatemala, se estipulan en los manuales contrasubversivos y Planes Militares de Campaña.

Todo esto dice Poulantzas, evidencia la autonomía de las instancias regionales propio del Modo de Producción capitalista. Esta autonomía del Estado por lo demás se reviste del carácter de público, presentándose como “representante del interés general” (1984: 292-293). Para poder actuar contra elementos “subversivos” que se vuelven enemigos de ese interés, de esa forma la representación social juega como consorte de esta acción política. En ese sentido, los discursos nacionalistas religiosos de Ríos Montt y los actos patrióticos como las juras a la bandera con Mejía Víctores tendrían el objetivo de crear imágenes de representaciones, con el fin de adherir a la población al proyecto contrainsurgente.

Los documentos oficiales en el proceso de construcción de representaciones sociales

Este capítulo pretende adentrarse en instrumentos elaborados por el Ejército de Guatemala, como el Manual de Contrainsurgencia sobre todo, y someramente en los Planes de Campaña Victoria 82,  Fortaleza 83 de igual forma se abordará los aspectos doctrinarios, sobre todo la influencia de la escuela francesa, en función de la construcción de representaciones sociales de Enemigo Interno.

Al estudiar al Estado y los documentos que emanan de este implica complejidad. Es necesario tomar en cuenta que el Estado actúa como apariencia, pero con instituciones concretas reales, logrando que su poder político se considere muchas veces omnipresente. En ese sentido, Abrams lo calificaría como un proyecto ideológico a partir de un ejercicio de legitimidad, mientras otros autores denotarían a las instituciones estatales como mecanismos de sujeción,  en tanto una construcción ideológica de la idea del Estado en cuanto forma de dominación (Muzzopapa y Villata, 2011).

Un aspecto que caracteriza al Estado como apariencia, es su capacidad para evitar su estudio y-o escudriñamiento, mas aun en entidades como los ejércitos, en los que prima una persistente negatividad a revelar sus planes, estrategias, archivos y documentos. Como menciona Abrams, el Estado se vuelve ficción en la medida que trata por todos los medios no mostrar su real naturaleza.

Pese a todos estos argumentos diría Abrams, no se ha alcanzado mas que ciertas características ya estipuladas por los clásicos del marxismo sobre la naturaleza coercitiva del Estado; debido a la intención siempre velada de esconder la naturaleza real del Estado. En ese sentido, el interés por develar las intenciones planteadas en documentos, a la hora de determinar el Enemigo Interno salta como una necesidad antropológica.

Esta necesidad se genera por las intenciones manifiestas del Estado de establecer relaciones sociales, en este caso de dominación a partir de la fuerza pero no solamente, sino también del consenso necesario para recrear proyectos políticos capaces de detener el avance de fuerzas sociales que se oponen al estado de cosas. Pero tal proyecto, necesitó reconstruir el tejido social en clave contrainsurgente y para tal operación, requirió de la articulación de representaciones sociales como la de Enemigo Interno, cuyos orígenes se encuentran en doctrinas militares y documentos oficiales, para realizar tales operaciones.

La inaccesibilidad o por lo menos el difícil acceso a documentos y archivos sería una pista, donde el obstáculo se convierte en dato y aliciente para explorar las características más persistentes de ese ámbito institucional del Estado. Por otro lado, la construcción del conocimiento del dato empírico no se realiza por el documento mismo, sino por las formas que posibilitaron o imposibilitaron el acceso a la información (Muzopappa y Villata, 2011).

En el caso de los documentos, desentrañar los contextos de su producción procurando no tomar como explicación lo que estos mismos enuncian, habilita para comprender las intenciones de estos. La tarea en los capítulos anteriores fue la de otorgar contexto a los textos, que se completa a partir de entender o prefigurar las relaciones de poder atrás de las intenciones y la legitimidad que los actores necesitan para implementar tales orientaciones, es decir los subtextos.

El riesgo de tomar literalmente lo que los documentos dicen, conduce a establecer una relación lineal entre lo definido normativamente y las prácticas que efectivamente desarrollan las instituciones, es decir el deber ser de esta, la autoimagen y los objetivos explícitos. Es necesario leer entre líneas, interrogando las disposiciones explícitas para discernir el porqué de tales objetivos u orientaciones y determinar así los distintos agentes, a partir de sus presiones y los intereses que defienden. (Ídem).

El extrañamiento de los documentos doctrinarios y operativos mencionado al inicio del capítulo, mas allá de la autoimagen que pretendieran dar, tales como el combate a un enemigo irregular, la recuperación de territorio o la recuperación de la población adoctrinada por la “subversión”; donde el contexto de guerra total aunque parcial, envuelve en ese momento a este país y las necesidades estratégicas del Ejército de derrotar, aniquilando y neutralizando a población considerada opuesta al Estado, actividades que le marcan su quehacer.

En ese sentido el uso de operaciones psicológicas fueron importantes con el fin explícito de “recuperar la población adoctrinada por la subversión” a partir de la Defensa Integral del Territorio (DIT), y que implícitamente pretendiera aniquilar a la población considerada base de la guerrilla o su neutralización para tal función; transformándolas en rehén por un lado del terror del Estado y por el otro cómplice de este terror.

 1. Los planes contrainsurgentes en la creación de la representación social del Enemigo Interno

Estudios recientes, sobre la influencia de la denominada escuela francesa en la elaboración de planes contrainsurgentes, ubican la importancia que tuvo toda la experiencia recogida por militares francéses en los conflictos anticolonialistas contra esta potencia, en Vietnam y Argelia. Esa experiencia fue recogida por los estadunidense en la ocupación a Vietnam en la década de los sesentas del siglo pasado.

Para esta escuela, la piedra angular de la estrategia contrainsurgencia, son las denominadas Organizaciones Políticas y Administrativas (OPA) del enemigo, ya que ellas se infiltran, dicen estos estrategas, dentro de las poblaciones locales; subvierten las forma jerarquías paralelas, al introducirse o conformando en organismos locales, con el fin de producir respaldos “voluntarios o forzados” de la población. Se tomó como imagen, la estrategia planteada por Mao y otros marxistas, que mencionan la importancia de elaborar un programa político para las necesidades de la población. Esta terminología se localiza en el Manual de Guerra Contrainsurgente, encontrándose en las variantes de las OPA.

Fue en las teorizaciones de militares como Roger Trinquier que se adquirieron y sistematizaron las guerra contrasubversivas y que la equiparan con “a una extensa acción policíaca” acompañada de acciones psicológicas y cívicas. La cual por motivos de exposición se dividirán en los siguientes puntos:

1. Esta acción policíaca tiene la finalidad de “investigar, identificar, arrestar e interrogar a los agentes políticos insurgentes”.

2. Sacar del medio de la población a la totalidad de la organización enemiga que ya ha logrado infiltrarse y esta manejando a la población. El objetivo es de reconstruir nuevamente la organización para fines contrainsurgentes, o lo que se podía denominar como el tejido local, después de destruir el original.

3. El objetivo principal de la guerra moderna es lograr el completo control de la población, las acciones contrasubversivas tiene que llevarse entre la gente y consecuentemente, ellos serán los que sufran las mayores dificultades, con esto la población y no el territorio, con ella su consenso o su sumisión es el principal objetivo.

4. Establecer claramente las demarcaciones de quien es el Enemigo Interno, encarnado en las OPA.  Para ponerle a descubierto y luego aplicarle, el golpe de gracia.

5 Dibujar una línea ideológica para marcar la diferencia contra los adversarios, “quienes hay que derrotar”. Rescatando el patriotismo y exigiéndole a la población que se ponga del lado de las fuerzas reaccionarias, bajo la autoridad que descansa en la autoridad del Estado.

6. La población debe tener una cooperación ilimitada, sin reservas, incondicional, hacia con el Estado y el Ejército

7. La población civil por su parte, cuando conozca la existencia de un individuo que, en cualquier orden de cosas, ayude al objetivo del enemigo, tendrá que considerarle traidor y deberá tratársele como tal.

Mark Druin, con respecto a otro de los generales franceses, David Galula dice que “el establecimiento de demarcaciones a la vez territoriales e ideológicas, calificando a las poblaciones amigas y enemigas, según el nivel de apoyo real o imaginario, que brindaba a la subversión” (Druin 2014).

Calificándolas en tres zonas a saber:

• la roja de máxima actividad guerrillera y control de esta de la población;
• la rosada, donde esta buscaba expandirse y contando con cierto apoyo poblacional;
• y la blanca “donde no había sido contaminada por la subversión”.

Por su parte, esta influencia se visualiza claramente en el Manual de Guerra Contra-Subversiva. En ese documento del Ejército de Guatemala, el enemigo interno está definido como el sector que está “constituido por todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que por medio de acciones legales tratan de romper el orden establecido (....) para los efectos del presente manual, el enemigo interno está representado por los elementos que siguiendo consignas del comunismo internacional, desarrollan la llamada “guerra revolucionaria” (entrecomillados del original) y la subversión en el país (....) es conveniente tener presente que también debe considerarse como enemigo interno, a aquellos individuos, grupos y organizaciones que sin ser comunistas, tratan de romper el orden establecido”[7].

Otro tópico que hace referencia Druin son algunas aseveraciones de Galula sobre el Estado de Derecho. Aquí dice que la guerra revolucionaria puede dividirse en dos a saber: uno de guerra fría antes de declararse las hostilidades y el otro, de guerra en acción. Donde en la primera etapa, las actividades se encaran en los límites de la legalidad, pero en la segunda adquieren un carácter ilegal y violento. Y nuevamente el esquema vuelve a cambiar, entrando a la legalidad que se fracturó como una forma preventiva de detener el avance revolucionario.

Recordemos cómo en el Capítulo I se hizo referencia al uso que de la legalidad hicieron los gobiernos de Ríos Montt y Mejía Víctores, que pese a romper el orden constitucional contrainsurgente de 1965 y a gobernar por excepción con el Estatuto Fundamental de Gobierno, el Ejército actuó bajo condiciones extrajurídicas para derrotar a la guerrilla y a las fuerzas populares. Pero, paradójicamente preparando condiciones para el retorno hacia una nueva constitucionalidad en la cual, la legalidad prima como argumento para seguir golpeando al adversario.

Dentro de las premisas importantes a resaltar sobre ese tópico, una de ellas se refiere a que en la lógica contrainsurgente, se alerta sobre el uso desde los organismos insurgentes, de los marcos legales y constitucionales para defender dicen “sus causas” y utilizar esos instrumentos de la democracia liberal moderna “con el fin de destruirla”. De ahí que justifiquen el uso de métodos de terrorismo de Estado, cooptando las instituciones del Estado, militarizando organismos como la policía, los tribunales de justicia, entes acusatorios como los ministerios públicos, etc.; por parte del Ejército.  

2. Manual de Guerra Contrasubversiva, en función de la destrucción del Enemigo Interno

Se considera importante hacer un análisis del contenido a partir de las representaciones sociales del Enemigo Interno, en el Manual de Contrainsurgencia por ser este el instrumento de carácter doctrinario que orientó el accionar del Ejército. Esto es pues, porque se considera un documento importante en lo que respecta a cumplir la función de ser el ente emisor de nociones para generar la representación social del Enemigo Interno.

El manual orientó el accionar que se plasmó en los Planes de Campaña y de Operaciones, los cuales contribuyeron a que las nociones formativas de esta representación estuvieran reflejadas en la acción misma del Estado y el Ejército. Tal como señala Moscovici, las representaciones sociales son guías de la acción, desde la función de ente emisor en el manual mencionado, como las orientaciones político-militares propias de los planes de campaña y de operaciones[8] donde se van concretizando en el accionar represivo del Ejército, la formación de representaciones.

Tabla número dos: Elementos relevantes del Manual Contrainsurgente

Fuente: elaboración propia, con base en el Manual de Guerra Contrainsurgente

De esa forma señala los siguientes aspectos. Es “total, porque debe impedir la transformación de las estructuras del país, propugnada por el comunismo internacional”(...) “Es permanente, porque ella tendrá que realizarse mientras subsista el comunismo internacional” (....) “Es universal, porque el éxito de la acción de la guerra subversiva no se logrará con la acción unilateral de un solo país o de un bloque, sino debe ser la acción disciplinada y coordinada de todas las naciones del mundo libre” (Ídem).

Apunta además que se “requiere la participación activa de la población, porque persigue la conquista de sus objetivos (...) donde ella “se convierte en objetivos y medio ambiente en que se desarrollan las actividades” (...) por tanto es imperativo recuperar la adhesión de la población y aún, hacerla participar activamente en dicha guerra a favor del Gobierno” (pág. 5-6). La finalidad de la implementación de la DIT, es entonces la descentralización de la acción, pues la denominada “agresión comunista” al implantarse en ciertos territorios rurales tiende a la fragmentación del territorio -algo que muy escasamente ocurrió durante la guerra interna- y por tanto la respuesta del Estado y el ejército, tuvo que desplegarse de forma descentralizada (pág. 14).

2.1 El Enemigo Interno, dentro de la Defensa Integral del Territorio y el marco contrainsurgente

De esa forma se plantea dos escenarios: una situación normal y una situación anormal. La primera, el enemigo interior y-o exterior “no amenaza seriamente la seguridad del frente interno (....) constituye el estado normal de derecho” (Ídem). La situación anormal “las acciones del enemigo exterior y-o el adversario interior, son de tal naturaleza que harían peligrar la seguridad del frente interno”. Por tanto exhorta a “la implementación de los estados especiales de los considerados en la Ley de Orden Público” (Ibídem). Normativa aún vigente.

A cada escenario se le aplica un tipo de concepción de la defensa, así el normal es la defensa preventiva y al anormal es la operativa. En el primero, las autoridades civiles nominalmente, vía el Ministerio de Gobernación, mantienen la dirección y las militares vía el Ministerio de la Defensa Nacional colaborar con este. Mientras que en la anormal se modifica esto, siendo el Ministerio de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Defensa Nacional el que asume la direccionalidad.

La Defensa Integral del Territorio en su fase preventiva plantea que el Ejército está supeditado a las directrices de los órganos políticos como el Ministerio de Gobernación, pero que podía actuarse descentralizadamente a requerimiento de autoridades departamentales y locales, siendo las estructuras militares locales, con previa autorización del Ministerio de Defensa, las que actuarían, en caso de algún tipo de desastre natural o de amenaza del enemigo interno-externo, en correspondencia al pedido de tales autoridades y colaboración de la policía. De alguna forma se refiere a las operaciones psicológicas, a las cuales deben de realizarse con base en un plan nacional que se adopte desde los niveles superiores a los locales.

Por tal razón plantea la importancia de suspender las garantías constitucionales, según sea el caso, así como de “ejecutar medidas de carácter ofensivo contra el adversario interior descubierto o clandestino” (....) la defensa de los puntos vitales de la infraestructura operacional (...) la cobertura de la movilización parcial o general”. Se requiere, argumenta el manual, de la “puesta en guardia” para movilizar total o parcial las fuerzas militares, así como generar el “clima psicológico” para lograr el respaldo de la población, lo cual tendría un plan para tal materia (pág. 54).

El otro factor importante es la generación del clima psicológico, bajo una estrategia inversa o de espejo, como mencionan los personeros militares, el objetivo es secarle el agua al pez[10]. Esto para lograr primero, neutralizar a las fuerzas insurgentes, arrinconándolas hacia algunos sectores como lo aplicó el Ejército al arrinconar a la insurgencia a regiones de difícil acceso en los departamentos de Quiché, Huehuetenango y San Marcos logrando atraer con métodos coercitivos la mayoría de veces a la población, destruyendo las OPA, tales como las denominadas Fuerzas Irregulares Locales (FIL)  y los Consejos Clandestinos Locales (CCL) del Ejército Guerrillero de los Pobres por ejemplo[11].

Por otro lado, el manual plantea la creación de un plan de consolidación, que tiene como objetivos “el reinstalar a las autoridades legítimamente constituidas, la organización de la población para su defensa y la destrucción de los elementos armados irregulares” (pág. 55). En la práctica la izquierda armada nunca instalo “zonas liberadas” por tanto nunca hubo una sustitución de las autoridades estatales, más haya del asesinato de alcaldes que le granjeó antipatia de los centros urbanos; pero si se organizó a la población como hemos visto en las Patrullas de Autodefensa Civil y la creación de las denominadas “aldeas modelos”, para combatir a la insurgencia.

Se define además, que se entiende por “subversión”, la cual tiene dice la finalidad de “la conquista del poder” considerando a esta, como una facción de un movimiento externo, usando como instrumento dice “la guerra revolucionaria” cuya misión con la toma del poder es “destruir las estructuras existentes (...) reemplazándolas por otras nuevas, consecuentes con el marxismo-leninismo”. Además dice, que tales fuerzas “usan modos de acción violentos y no violentos (...) conquistar la adhesión de la población y sentar las bases para remplazar las estructuras que va a destruir” (pág. 56).

Una vez definida la subversión; se define la guerra contra-subversiva como “un conjunto ordenado de acciones en todos los campos de la actividad humana, llevados a cabo por el país entero, con la finalidad de impedir la conquista del poder por elementos subversivos (....) impedir el desarrollo de cualquier movimiento subversivo y aniquilarlo” (Ídem).

De esa forma es la población, usando la estrategia del espejo la que se vuelve fundamental para derrotar a la insurgencia. Al considerar a la primera “no solo el medio ambiente en el cual se desarrolla, sino también el objeto de sus acciones y el medio en que se vale para lograr sus fines”. Por eso dice, que le es fundamental “la participación activa de la población a favor del gobierno, para lo cual, buena parte de las acciones estarán destinadas a recuperar y mantener la adhesión de la población” (pág. 57).

La guerra contra-subversiva además dice el manual, tiene que tomar medidas en distintas áreas, en lo político referente a establecer una “democracia plena” para neutralizar al partido comunista”. En lo social, “para eliminar las injusticias sociales que fomenten la lucha de clases”. En lo económico “propugnando por la justa distribución de la riqueza. En lo militar para “preparar y mantener en forma permanente a las fuerzas armadas capaces de hacer frente a cualquier movimiento subversivo”. En lo psicológico, procurando que con “movilizar la opinión pública para mantener la voluntad de adhesión de la población y exaltar la fe en los valores y sentimientos morales del hombre[12]”.

Este último aspecto  referente a lo psicológico interesa para esta tesis, el manual descrito es ilustrativo en el sentido de aclarar que los objetivos son, el control y la “adherencia” de la población. Argumentando una confusa enunciación de “exaltación de valores y sentimientos morales del hombre”, que no es más que un abigarramiento ideológico que esconde los intereses que defendió la casta militarista.

Estos valores que configurarían un entramado ideológico de un “nosotros” que existe en una supuesta armonía nacional, la cual hace referencia el manual; que para hacerle frente a ese otro opuesto a la “moral occidental que se cimenta en el respeto a la propiedad privada”. Estableciendo para tales fines por medio “del civismo para con la nación, bajo una sociedad organizada en el bienestar de sus componentes y con ello por tanto, aceptar los sacrificios que impone la defensa de los valores nacionales”. Tales valores que se exaltan como parte de la “civilización cristiana (....) amenazados por el marxismo-leninismo, obliga que a toda la Nación y a todos los elementos hacerle frente a la guerra contra-subversiva” (pág. 59).

El accionar militar según el manual, tiene que ir acompañado de la denominada acción civil para conseguir el respaldo de la población, evitando que “la subversión pueda apoyarse en las masas” (pág. 61). Por medio de dos operaciones: “la conquista psicológica explotando las contradicciones de la ideología comunista y la exaltación de la fe en los valores de la civilización occidental” (....) y el mejoramiento de las condiciones de vida existentes” (Ibídem).

En el manual en cuestión, en los documentos oficiales del Ejército como el PNSD y los Planes de Campaña, señalan que las situaciones de pobreza de las mayorías, influían en el descontento social que confluía con deseo de transformación social de sectores que se organizaron en las guerrillas. Pero lo maniqueo del asunto, está en la identificación de esa afluencia de fuerzas sociales, en un entramado conspirativo plan impulsado por el denominado “comunismo internacional”. Recubriendo esto con todo el abordaje que desde la Doctrina de Seguridad Nacional y los postulados de Schmit se considera del Enemigo Interno, en tanto subsidiario de un enemigo externo.

Es decir, que en las apreciación sobre las causas de la denominada subversión, se pone de manifiesto el argumento que le da forma a la concepción que se tiene del Enemigo Interno, al considerar que las “causas internas de la subversión” no son más que un medio, conectadas con las externas; personalizando demagógicamente al responsable de “la subversión” en el partido comunista, que dice aprovechará “todo tipo de contradicciones pese a las reformas que se haga” (...) “puesto que lo que trata es de conquistar el poder y no mejorar la sociedad” (pág. 63).

El manual por su parte, estipula que la estrategia operativa en cuestión se basará en tres momentos a saber: prevención, intervención y consolidación. Desde la primera fase se identifica que el “potencial subversivo” argumentando la existencia de un supuesto Estado de Derecho considera que la “oposición política legal” y “la subversión comunista es muy difícil definir” (pág. 67). Es decir que no se puede demarcar una línea según estos, señalando que estos utilizarían todas “las sutilezas legales y explotarán hasta el extremo todas las ventajas que les brindan las leyes en vigor y lo que le es peor, el mismo proceso judicial les ha de servir de tribuna para su causa” (pág. 68).

2.2 Estrategia operativa para el control poblacional en la identificación del Enemigo Interno

El manual estipula que la estrategia operativa en cuestión se basará en tres momentos, a saber: prevención, intervención y consolidación. Desde la primera fase se identifica el potencial subversivo, argumentando que existe un supuesto Estado de derecho que la llamada amenaza comunista busca destruir. Ante esa supuesta realidad que fue parte de los discursos de los factores de poder y se evidencia en los medios escritos estudiados; el manual por su parte, señaló que el Enemigo Interno, “tiende a utilizar todas las sutilizas legales y explotan hasta el extremo todas las ventajas que les brindan las leyes en vigor, y lo que le es peor, el mismo proceso judicial les ha de servir de tribuna para su causa” (pág. 68).

Arguyendo por tanto, que la insurgencia y los opositores al régimen político militarista no se les puede aplicar los principios procesales de legalidad, donde descansa todo Estado de Derecho, de una democracia liberal capitalista moderna. Lo cual sería otro elemento que reconstruye los destinos semióticos de la representación de Enemigo Interno, es decir, que por ser considerado un otro opuesto a los valores occidentales, no puede ser beneficiado por estos, ni por sus instituciones donde se fundan.

De igual forma se pone énfasis en el hecho de atraer a la “mayoría neutral” organizando una minoría activa --patrulleros de autodefensa civil, comisionados militares, autoridades estatales locales y comunitarios afines-- para la causa de derrota de la insurgencia. En los hechos esa atracción no se hizo solamente por puro convencimiento o consenso activo, sino usó la coerción y con ello logró cierto consenso pasivo, pese hacer que elementos locales contribuyeran con tales fines.

De tal forma que se busque “interrumpir las relaciones entre la población y la subversión y la destrucción de la Organización Político-Administrativa (pág. 73); con la destrucción de la OPA así como cortar la relación entre la población y la insurgencia; aquí se pone de manifiesto una de los elementos más connotados en lo que respecta a la consideración de la población como Enemigo Interno o potencial enemigo. El control territorial es fundamental para tal estrategia, así en el manual se menciona la instalación de Unidades de Control Territorial (UTC) como forma de fortalecimiento en el marco de la Defensa Integral del Territorio, se traduce en la práctica en la estrategia militar en destacamentos militares y en unidades locales de las PAC.

La finalidad de esto no fue solo es “el acoso a la guerrillas por medio de operaciones de pequeña escala”, sino su finalidad fue como menciona el manual el “reconquistar a la población” (pág. 76). Planteando por un lado, las unidades móviles que se dedican acosar las fuerzas insurgentes y por el otro, las unidades estacionadas que tiene entre sus objetivos, la defensa de las posiciones ganadas, el hacerle frente a sabotajes de la infraestructura y sobre todo, el control de la población.

La acción psicológica, es entonces el componente fundamental para lograr tal cometido. Por tanto dice, que uno de los principales esfuerzos es “pasar de las actividades militares a otras de cooperación con la población”. De esa forma para lograr la DIT se requiere “reconquistar la población ganándolas hacia nuevas actitudes” de supuesta compresión hacía con el Ejército.

Todo esto tendrá una finalidad, el desbaratamiento de las Organización Política Administrativa Local que sería una variante de la Organización Política Administrativa del enemigo solo que estructurado a nivel local, tales como funcionaron los Comités Clandestinos Locales o las Fuerzas Irregulares Local ambas del EGP. Para eso el manual estipula los siguientes pasos que dice, no por fuerza serán sucesivos, estos son:

a) Tomar contacto con la población

b) Ejercer un control sobre ella

c) Darle protección

d) Recopilar información sobre las OPAL

e) Iniciar reformas en el campo socio-económico

En los primeros dos ítems, se presume que el contacto con la población requiere formas que implícitamente llevan a garantizar los objetivos tácticos contra-insurgentes, entendiendo lo último no solamente, como el combate y destrucción de la guerrilla, sino el control a la población, encuadrando un nuevo tipo de organización local por medios coercitivos. Para realizar el control total se menciona el “empadronamiento”, y la elaboración de cartillas, la implementación de toques de queda, etc.; (pág. 79).

Así nuevamente aparece como objetivo la destrucción de las OPAL. Siendo en esta fase “el conseguir información voluntaria (...) identificando colaboradores potenciales” entregándoles capacidades a las supuestas autoridades legales (pág. 81). Es decir se formaliza la implementación del sistema de delatores, por medio de herramientas tales como fueron los comisionados militares y ahora dentro de una estructura de masas, como fueron las PAC.

En el tema de operaciones psicológicas; un paso para lograr la destrucción de las OPAL, es romper la confianza y la simpatía que pueda tener la población con elementos guerrilleros. Entendiendo que la insurgencia, no se limitó a los grupos guerrilleros. Para lograr “conquistar a la población simpatizante con la subversión” y “ganarse a la población neutral”, pero en el entendido que siempre resultara una amenaza y por tal razón la necesidad de “colaboradores potenciales” e informantes como parte de las redes delación para combatir al Enemigo Interno, o el rencauzamiento de la población enemiga.

Para desestructurar la OPAL, se necesita contar con la información necesaria y desarticular la red de encubridores --conformada por elementos de la población-- montar interrogatorios, lograr el máximo beneficio para destruir lo que consideran la base de la insurgencia.

Por otro lado, en el manual también se hace una disección entre regiones controladas por fuerzas insurgentes guerrilleras conocidas como zonas rojas y regiones con algún tipo de presencia de estas fuerzas y con algún tipo organización popular.

Sobre las zonas rosadas se esboza una planificación similar a las fases preventivas y de intervención, en lo que respecta a detener un posible control territorial de la insurgencia, con elementos tales como el control poblacional, el combate a las denominadas OPAL y la existencia de fuerzas regulares guerrilleras y la instalación de unidades militares permanentes, además de la instalación de “unidades de autodefensa” (pág. 85) como forma de contraponer a las Organizaciones Político-Administrativas Locales de la “subversión”. Pues en la concepción contra-insurgente, las comunidades locales son subvertidas por elementos de izquierda o comunistas, aduciendo la manipulación hacia estas comunidades, desconociendo las contradicciones internas dentro de las comunidades o hacia con la sociedad, como causante del descontento social. Variable que es interpretado por las élites políticas y militares como materialización del Enemigo Interno, que como se menciona en la lógica contrainsurgente, es extensión de un supuesto enemigo externo.

La acción psicológica, como se denomina el impacto sobre la población, el cual como se señaló respondió al objetivo principal de la operaciones militares estratégicas. En este manual se menciona que “la adhesión moral progresiva de la población (...) usando para ello la propaganda ideológica” (pág. 100). De tal forma que con la Acción Cívica se pretendió implementar programas asistenciales para supuestamente reducir las condiciones de pobreza, a lo cual certeramente el manual considera una de las causas del apoyo a la insurgencia y que en la práctica estos planes y programas, tal como en la actualidad, es poco lo que logran en tal sentido.

Más eficaces fueron los pasos para lograr el control población (pues la población es considerada siempre parte del enemigo, dispuesto a rebelarse y capaz de ser manipulada) lo cual requiere que el Ejército actué formando representaciones sociales alrededor del hecho que el Estado es un ente neutral, que busca salvar a la población.

De tal forma que entre los objetivos tácticos de la estrategia de desarticulación de la insurgencia, fue el asentar unidades de control administrativo, que coordinarán con las fuerzas policiales, controladas desde el alto mando del ejército, para tener “el conocimiento de la población y el terreno al igual que el guerrillero” (pág.114), que en el gobierno Oscar Mejía Víctores fueron los Consejos Interinstitucionales, que formaron parte del objetivo estratégico de control poblacional “estar en contacto directo y permanente con ella (...) no estableciendo unidades fortificaciones sino dentro de las localidades” (Ídem).

El control territorial y con ello la desarticulación de la Organización Política-Administrativa del enemigo y el aniquilamiento de las unidades guerrilleras, aplicando para tales cometidos tácticos de índole irregular, similar a las usadas por la insurgencia, se vuelve menester tal como señala el Manual de Contrainsurgencia.

3. Los planes de campaña y su característica operativas contra la población civil considerada parte del Enemigo Interno

Es importante detallar planes de campaña, Victoria 82 y Firmeza 83; los elementos que dentro de la estrategia del Ejército de Guatemala se consideró claves para el control poblacional, el carácter principal que adquirieron para tal fin las operaciones psicológicas por medio de la S-5 y las unidades en el terreno denominadas G-5s. Cuales junto  las S-2 y G-2s de inteligencia,  buscaron detectar el denominado Enemigo Interno, para eliminar la organización insurgente y  las Organizaciones Político-Administrativas de la Subversión (OPAS) y la población que no aceptara el encuadre de control social.

Así los objetivos principales, fueron además de liquidar las OPAS, fue buscar la “reeducación” de la población; para lograr no solo apartarlo de la influencia de los organismos insurgentes y de las intenciones revolucionarias de las mismas comunidades y poblaciones mayas en su mayoría; sino convertirlos como hemos visto a partir de la técnica del espejo, en la base social de la insurgencia por medio de las Patrullas de Autodefensa Civil.

Dentro de las funciones de asuntos civiles, en el plano psicológico las operaciones de propaganda como menciona Burgos jugaron un importantísimo papel para lograr transformar ese enemigo real en aliado. Pero también para lograr que otras capas de la población se sumaran o por lo menos mantuvieran una postura pasiva al proyecto contrainsurgente; esto a la par que años antes, a finales de los setentas del siglo pasado, se lograra desarticular la movilización urbana obrera y estudiantil.

Señala que se detecta en los planes operativos epítetos tales como Banda Delincuente Subversiva (BDS) o Delincuente Terrorista (DT). Estos fueron síntesis de toda una serie de enunciaciones de sentido, que en palabras de Moscovici busca generar ciertos consensos y códigos compartidos a través del discurso, que según esta autora tratan de una tensión vital entre logos distintos, cada uno con sus propias posiciones axiológicas que promoverían ciertas intenciones dentro del mensaje (Burgos 2011).

De tal forma que hubo actores que reproducen las metáforas con el fin de sobredimensionar la realidad; algo así como una forma de encubrir para hacer más aceptada y además arroparse de legitimidad, una representación social tal como la de Enemigo Interno. El mensaje central de la institución armada centra como eje, su carácter de salvación nacional ante la amenaza de la subversión; explícitamente encontrado plan de campaña Victoria 82; en Firmeza 83 diría por su parte Burgos, el énfasis fue en la autodefensa civil, centrado en el plano militar de persecución por medio de patrullas unidades guerrilleras (2011: 112)

Otro epíteto dice la autora, usado constantemente en los medios escritos –como se detalla en el próximo capítulo-- y que aparecen en los planes de campaña sucesivos, es el de Delincuente Subversivo. Tanto el Estado como los aparatos de difusión ideológica, como son los medios informativos, con tal epíteto buscan adjudicarle a la insurgencia comportamientos que salen de la norma, caracterizando este comportamiento como una desviación social.

Burgos como otros intelectuales nacionales y extranjeros al tratar de estudiar el discurso contrainsurgente que correctamente es calificado como totalitario, bajo un supuesto nacionalismo que no era más que un operación ideologica para revestirse de legitimidad. Terminan repitiendo una vieja tesis de las mismas operaciones psicológicas implementadas por el Estado y distintos actores hegemónicos, de que la sociedad se vio polarizada por la existencia de grupos militares mediados por discursos dicen tales intelectuales, como similares, al centrar su análisis mas en la forma militar que la insurgencia adquirió; sin tomar en cuenta otros aspectos sociológicos del proyecto insurgente, en tanto expresión de la necesidades de amplias capas de la población por una verdadera emancipación.

A continuación se abordará en dos planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 82 como las operaciones táctico-estratégicas militares en el marco del proyecto político contrainsurgente durante el periodo estudiado se identificó con el objetivo de aniquilar el enemigo absoluto y reencauzar al relativo, su aplicación para con la población y la insurgencia.

3.1 Victoria 82. El aniquilamiento y re-encauzamiento sobre la población civil

El Plan Victoria 82, denominado así en el documento 160800 JUN82 del Estado General del Ejército es un plan de Campaña y Delimitación de las Áreas de Responsabilidad Operacional de las brigadas, zonas, bases militares, comandos operacionales del Estado para conducir lo que denominó acciones contra-subversivas.

Para 1982 entre los objetivos nacionales del Plan Victoria 82, se propusieron “lograr el establecimiento de un espíritu nacionalista y crear la base para la participación e integración de los grupos étnicos (…) mediante el estímulo a los diferentes grupos de presión, representativos de la actividad nacional, un nuevo pensamiento, desarrollista, reformista y nacionalista”.

Primero se resaltarán las definiciones que tiene cada uno de los sujetos a los que se hace referencia como objetivo en los dos planes En este sentido,  allí se define a persona desplazada, como “el civil que en un tiempo de guerra se encuentra fuera de su país. Puede no tener el deseo de regresar a su país puede tener alimentos, refugio y ropa”.

Su objetivo principal es, conducir operaciones contra-subversivas mediante “detectar, capturar y destruir grupos y elementos subversivos”, así como lograr confianza para el accionar del Ejército entre los civiles con el fin de tener control sobre los trabajadores, en particular los del altiplano que se llevaban a la Costa Sur, tener control de carreteras y de la población mediante, patrullas, puestos de registro, censos, control de documentos. Aquí se resalta la finalidad reencauzadora sobre tal enemigo, la población civil, para ser base social del proyecto contrainsurgente.

Así, en el propósito de tener influencia y control entre la población civil pusieron en marcha Operaciones Militares y Operaciones Psicológicas para tener información y seguir operando, lograr con ello  “el acercamiento del pueblo con el Ejército” y organizar en las áreas de conflicto las Patrullas de Autodefensa Civil controladas por los llamados Comandos Militares. Elementos que se pusieron en marcha desde el gobierno de Romeo Lucas García, pero a partir del golpe del 23 de marzo de 1982, el Ejército extiende las PAC en las áreas donde existían estructuras políticas cercanas al Ejercito Guerrillero de los Pobres.

Se propusieron determinar las áreas de concentración poblacional, para el control férreo a los “movilizados por la subversión” a los que consideró simpatizantes latentes de esta y ubicar “núcleos de población desafectos a las bandas subversivas que pueden ser utilizados” para mantener el control y la movilidad diaria sobre estos segmentos de la población (Pág. 219), sobre todo en la región Ixil, aunque no solo.

En el Victoria 82, el ejército, en el anexo F al Plan de Operaciones, describe su percepción de la situación general psicológica que según ellos, “las grandes masas de indígenas del Altiplano han encontrado eco en las proclamas guerrilleras por ser su bandera la escasez de tierra, la inmensa pobreza y debido a largos de concientización, ven al Ejército como un enemigo invasor (…) aunado a esto una buena cantidad de errores cometidos por las tropas tales como vandalismo, violaciones, robos y destrucciones de cosechas los cuales han sido explotados hábilmente por la subversión nacional e internacional” .

En la fase operativa del Victoria 82 se establece que las tareas del Ejército es influir en el público auditorio[13], es decir donde se hace referencia al control de la “población en general”, pero sobre todo de los grupos mayas en general, aunque centrando su esfuerzo militar en el grupo étnico Ixil, por haber sido esto el más cercano a la organización política y militar del EGP.

Más adelante en el apéndice 1 del anexo G, en lo referente a las operaciones de Asuntos Civiles presentan un Procedimiento Operativo Normal para la Atención de Personas Refugiadas según la cual debe identificarse a cada persona con sus documentos, con el fin de ubicar a sus familias. Estableciendo normativas para tener un férreo control de estas personas en los campamentos creados por el Ejército, aduciendo que fueron expulsados por la insurgencia de sus tierras.

En el apéndice 2 ,señala, respecto a las operaciones civiles plantean directrices y acciones para Operaciones de Control Poblacional como “ayudar a preservar y restablecer la Ley de Orden Público en la población (…) y controlar a la población civil y los recursos materiales para apoyar las operaciones militares”.

En estos dos apéndices, se evidencia como la Defensa Integral del Territorio, lo cual tuvo su objetivo controlar a la población que fue dispersada por la misma represión militar y la persecución a las unidades insurgentes, del EGP; creando los campamentos o las denominadas aldeas modelos, que junto a la extensión de las PAC, en el territorio considerado subversivo, es decir en los municipios de lo que se llamó por parte del Estado, Triángulo Ixil. Se asentó la presencia militar y estatal para disputar territorio y población a la insurgencia.

Pero lo que se disputa no son objetos inanimados, sino son comunidades mayas que han resistido históricamente la imposición de las clases dominantes y donde estas comunidades no actuaron pasivamente formando estructuras locales de uno de los grupos insurgentes, como presume el relato conservador y racista, sino se involucraron con un objetivo político claro.

Así, por último en el anexo H sobre el desarrollo de operaciones contra-subversivas. Entre sus justificaciones para contener estas comunidades, mencionó que “la subversión existe porque un grupo de personas la apoyan y gran número de personas la toleran ya sea por temor o porque existen causas que la generan” agregando al referirse a que la guerra, se debe combatir en todos los campos porque “…la mente de la población es el principal objetivo”.

Y este objetivo se correlaciona con dos metáforas usadas por los estrategas del Ejército, quitarle el agua al pez y aplicar la técnica de espejo. Es decir por un lado, drenar la base de apoyo e involucramiento activo de la población –en su caso mas sobresaliente, las comunidades mayas ixiles, pero por supuesto no solo, por ejemplo a las estructuras urbanas, sindicales y estudiantiles cercanas y de apoyo las distintas agrupaciones político-militares, sobre todo al Partido Guatemalteco de Trabajo y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). O las comunidades rurales que apoyaron a la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas en el Altiplano y la Boca Costa y a las FAR en Peten y algunos departamentos más. Sin mencionar otros intentos guerrilleros como Nuestro Movimiento o el Movimiento Revolucionario Ixim, que no prosperaron y fueron rápidamente desarticulados.

Pero por otro, al aplicar la técnica del espejo esta metáfora, implicó que tal como estos actores participaron activamente en un proyecto revolucionario, en algunos casos participaron activamente, aunque en la mayoría fuera coercitivamente, logrando una combinación de ambos, un consenso pasivo; en un proyecto reaccionario y contrarrevolucionario.

Es decir un Enemigo Interno real, donde lo político y por ende lo social, resalta sobre otro aspecto como lo étnico, lo cultural y aun lo económico. Que es absoluto por tanto hay que liquidarlo y relativo, por tanto hay que reencauzarlo y eso esta evidenciado en los objetivos del Plan Firmeza 82 y en los siguientes planes que se fueron aplicando hasta entrando la última década del siglo pasado y la posterior desmovilización de la insurgencia.

3.2 Plan Firmeza 83: limitar la influencia de la insurgencia

El plan Firmeza 83 contenido en un documento dirigido al Estado Mayor de la Defensa[14] particularmente en el instructivo Fénix, se define como un operativo que se refiere a una situación enemiga y parte de un apartado de “suposiciones” que reflejan las nociones de cómo el Ejército, en el marco de la guerra contrainsurgente, veía a su enemigo potencial en la población civil a la que pretendió cooptar desde el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo de 1982.

El objetivo de este plan, tiene como base la derrota militar a la insurgencia en 1982 con el Plan Victoria 82, en el 1983 el Estado Mayor se proponía normalizar y consolidar la acción militar. Sobre esta base en el anexo (b) de dicho plan se establece con claridad como el Ejército continuará “la presión operativa con sus unidades operacionales para mantener el control físico y psicológico sobre las poblaciones y sus recursos locales”, con el objeto de conseguir la normalidad y controlar a la insurgencia.

En el marco de esta estrategia de control sobre la población se propusieron acciones para “integrar a las instituciones públicas en la lucha contra la insurgencia” que ya habían incluido como parte de sus acciones el Plan Victoria 82 y a la que le atribuían cierta eficiencia. Aunque dicho objetivo se consolido hasta el Plan Rencuentro 84 con las Coordinadoras Interinstitucionales.

Otro objetivo general del Firmeza 83, se pueden apreciar los rasgos de cómo se pretendía mantener el control, integrando a la población al aislarla “física y psicológicamente” de los grupos insurgentes. Además organizar la “gente apta” para integrar grupos de control, choque y represión conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil. Y propiciar esfuerzos entre todas las instituciones del Estado, privadas y religiosas para lograr la convivencia con la población.

En el punto IV, disposición de fuerzas propias, las fuerzas militares se propusieron: operaciones psicológicas de diverso tipo entre ellas “fortalecer un sentimiento de unión y solidaridad entre el pueblo y el Ejército” para rechazar cualquier agresión, que amenace la integralidad del territorio y atente contra el sistema político interno. Es decir uno de los componentes de la Defensa Integral del Territorio, pero que va de la mano de todo un discurso construido con relatos correlacionados a que la representación social de Enemigo Interno, es una amenaza a una supuesta guatemalidad.

Tal plan por su parte tenía varias fases a saber. En una primera fase, se buscaba que mediante “unidades de maniobra” incluidos grupos paramilitares se encargaban de ubicar y destruir cultivos que los insurgentes supuestamente poseían, en áreas donde se ha comprobado la participación activa y la colaboración comprometida de población, que simpatiza y está organizada por la insurgencia.

Destaca en fases superiores de plan en estudio, las tareas particulares para cada una de las armas y divisiones del Ejército. Al Estado Mayor de la Defensa se le asigna la elaboración de un plan de operaciones psicológicas según el cual un 80 por ciento se dedicaría a fortalecer la moral de la tropa y tácticas para acercarse a las comunidades y un 20 por ciento dirigido al control físico y psicológico de la población en general. Esto porque uno de los temores de alto mando militar fundamentado en los cambios que hubo en esta institución, fue que las tropas mismas se rebelaran. Así como el hecho de que era fundamental como hemos visto que la objetivo estaba, en el control del corazón y los sentimientos de la población bajo la técnica del espejo o su reencauzamiento como parte de un Enemigo Interno en su dimensión relativa.

A la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército, llama la atención en que le manda elaborar un plan que permita “a la institución armada el control de la población civil y sus recursos a través de funciones especiales en aquellas áreas afectadas devolver la paz y la seguridad a los habitantes elaborar su nivel de vida y mejorar los aspectos socio-económicos del país”.

El Anexo F del plan de operaciones psicológicas es llamativo en ese sentido. En su parte de ejecución desarrollan el concepto de la operación, que se despliega para detectar a los blancos auditorios siguientes: población en general, grupos subversivos y miembros del Ejército. El blanco auditorio lo subdivide en dos grupos: 1) habitantes de la capital (buscar su colaboración), que incluya una campaña para asegurar que el peligro subversivo existe[15]; 2) Habitantes sin peligro de presencia enemiga, a quienes se le desarrollara su solidaridad con el Ejército, las Autopatrullas de Defensa y la necesidad de organizarse entorno a ellas y los habitantes en las áreas de conflicto, rechazantes de la subversión.

En una parte del plan, referido a operaciones específicas, en la que se advierte el funcionamiento de una Sección de Operaciones Psicológicas que aparecen con sus apéndices ejecutores el Departamento de Información y Divulgación del Ejercito, la Editorial del Ejército y Editorial del cuerpo castrense.

En el anexo G, Plan de Asuntos Civiles, del Plan, el Firmeza 83-I, además de suponer que el Plan Victoria habría permitió recuperar y fortalecer la confianza y “cierta credibilidad a las acciones”, de un gobierno diezmado y aislado internacionalmente, el funcionamiento de las Coordinadoras Institucionales permitió tener el control de la sociedad civil.

Los estrategas militares sostenían,  que la organización de las PAC permitiría “un mejor control dado confianza a la población,  limitando las actividad subversivas en áreas de conflicto”, pues ya para el año de 1983 se crean las llamada zonas de concordia, e insistía en que los presuntos planes  de estas,  podrían convertirse un problema no manejable como el de la subversión, si no se atendía los reclamos de mejora social, que en estos territorios militarizados, la población civil  manifestara.[16]

En la fase II de este anexo G, establece como directriz para consolidar el desarrollo del país, atendiendo los problemas más urgentes de los refugiados; para  además captar, manejar, reeducar e incorporar a las personas que se alejaron de la insurgencia, es decir reencauzarla manteniendo siempre la sospecha de que en cualquier momento pueden convertirse nuevamente en parte del Enemigo Interno. Concluyendo que en áreas donde no existe la guerrilla, se debe intensificar las operaciones psicológicas, el control de la población, con seguimiento de los planes de desarrollo para mantener la iniciativa y negar acceso a los grupos insurgentes.

El reencauzamiento quedó plasmado en ese plan, pues los sujetos concebidos como parte del Enemigo Interno se ajusta, centrándose en las personas desplazadas y refugiadas. Por ejemplo en el apéndice 1 (Directiva para el manejo de Desplazados y Refugiados, al anexo G /Asuntos Civiles), como objetivo  plantearon que “se propone la reinstalación de los desarraigados para evitar que el agro se quede despoblado, manteniendo la actividad agrícola productiva“, así como “reeducar ideológicamente a las personas, darles conocimientos y mecanismos para que se readapten a la vida normal para producir eficientemente”.

Entre las acciones de este apéndice, los militares para proseguir con el control y la aniquilación o reencauzamiento del Enemigo Interno, se mandató la elaboración de un instructivo bajo el mando de “un oficial S-5” quien tendrá a su cargo el manejo de la población refugiada y desplazada “hasta su reaposamiento, evacuación y traslado”.

La intención del control poblacional es reiterado, en particular en el apéndice II referido al control de la población y sus recursos, siempre referido al anexo G que entre sus objetivos se establece “controlar a la población y los recursos materiales para apoyar las acciones militares (...) y negar al enemigo la utilización de los mismos”.

Particularmente señala en el inciso (b) que debe ponerse en marcha una “identificación eficiente de todos los civiles en cada aldea. Ejercer el control eficiente de todas las personas no residentes (...) Toda persona extraña deberá presentarse e identificarse al destacamento militar más cercano y explicar fehacientemente el propósito de su permanencia en el área”. En el inciso (C) reitera el espíritu de control supremo militar al establecer “imposiciones de restricción en la transportación y tránsito de personas (...) y especial control sobre delegados de instituciones de beneficencia y comerciantes”.

En los antecedentes del apéndice 3, los militares partían que la acción de los grupos insurgentes mantenía a las familias en las montañas o que las había desplazado a las cabeceras municipales departamentales y hacia el área metropolitana que se propuso controlar. El cálculo del cuerpo castrense fue que más de 75 mil familias habrían sido afectadas y que se necesitaba controlarlos especialmente en los departamentos, de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Baja Verapaz, Chimaltenango y Sacatepéquez.

Otros elementos del control hacia el Enemigo Interno, se pueden ver en el apéndice 4 del Anexo (G), referido a la “Reorganización, Funcionamiento y Control de las Patrullas de Defensa Civil como instrumento de control del territorio nacional”. Es así como se proponen organizar a toda la población civil para “que con apoyo el Ejército defiendan sus llamados intereses comunes”, aunque no define cuáles son esos intereses.

En el Anexo (B) de la directiva del Estado Mayor para la Normalización de la Institución Militar, encontramos que en su parte dedicada a la estrategia militar, dentro de los objetivos propuestos estaba “integrar a toda la población aislándola física y psicológicamente de los que ellos denominaban bandas de delincuentes subversivos”, organizando a la población apta en la defensa civil y “propiciar un esfuerzo común, entre todas las instituciones del Estado, privadas y religiosas para lograr la convivencia de la población en general”.

En la práctica, con Firmeza 83 logran extender la presencia de las PAC y de los comisionados militares, extender las aldeas modelos y controlar a la población, sobre todo en áreas de los departamentos de Quiché, algunas áreas ixiles, y en menor medida Ixcán; algunas zonas de la parte norte de Huehuetenango; Totonicapán y Chimaltenango con excepción de regiones al sur de ese departamento mencionado; aunque no por eso la insurgencia dejó de afectar con emboscadas y acciones armadas la carretera Interamericana, obligando al EGP a tener un accionar más limitado y donde su radio de acción fue más controlado y alejado en cierta medida de los centros poblados.

De tal forma que se observa tanto el Plan Victoria 82 como el Firmeza 83 y el plan subsiguiente 83-1, como parte de la extensión de la estrategia militar emprendida desde el gobierno de Lucas García con el Fuerza de Tarea Iximché[17]; continuada durante la Junta Militar de los regímenes de Efraín Ríos Montt y de Mejia Víctores, con la Fuerza de Tarea Gumarcaj[18] y los planes de campaña mencionados^[19]. Fueron complementados con el Plan de Campaña Rencuentro 84, que buscaba consolidar las derrota a la insurgencia, encuadrar la población dentro del proyecto contrainsurgente dentro de las PAC y los programas asistenciales y posibilitar la convocatoria de elecciones para Asamblea Nacional Constituyente de 1984 y las elecciones generales de 1985.

NOTAS

[1] Entrecomillada de la autora.

[2]  Según el marxista argentino Nahuel Moreno, que pone como ejemplos a España, Brasil o Perú, la reacción democrática fue una estrategia el cual consistió, que por medio de pactos sociales contrarrevolucionarios dirigidos por distintos factores del bloque dominante, se realizan reformas aperturistas en el plano de la democracia liberal, logrando contener el avance de las fuerzas revolucionarias. Se considera este enfoque una forma pertinente, para diferenciar al Régimen Político Contrainsurgente, previo a marzo de 1982...

^[3] Durante el gobierno de Mejía Víctores, se asentaron otros en Playa Grande, Quiché; y Chacaj, Huehuetenango

[4] Esta misma estructura se ha aplicado en el actual régimen constitucional con los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que en los años siguientes han logrado ciertos niveles de organización comunal positiva en algunos casos y en otro mantenido estructuras de sociedad civil contrainsurgente.

[5] Esto ocasionó que al interior de esta dos organizaciones el EGP y el PGT se produjeron escisiones como Octubre Rojo y 6 de Enero, respectivamente; planteando estas que se rencauzara la lucha bajo modos clandestinos revolucionarios y no el abierto accionar guerrillero. Por su parte, en ORPA se produjeron otras escisiones, por diferentes motivos, el Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim, por un lado, y Nuestro Movimiento, por otro.

[6]Que por su parte, edifica tal proyecto con la disminución de los modos estamentarios herederos de la colonia como son las tierras comunitarias pero manteniendo, el trabajo coercitivo para la producción agroexportadora, dentro de una lógica de etnización ladinizante, proyectándose con esto ya ciertas otraedades, elaboradas bajo la concepción de enemigos de la nación ladina; representado en lo maya e indígena, como enemigo de tal proyecto.

[7]Manual de Guerra Contra-subversiva. Escuela de Comandos y Estado Mayor, Centro de Estudios Militares, Ejército de Guatemala

^[8]Para este trabajo se estudiaron dos planes de campaña, Victoria 82 que contiene el plan de operaciones Sofía y el plan de campaña Firmeza 83; que se mostrarán el próximo acápite de este capítulo.

^[9]Estos adquirirían el carácter de representaciones sociales, formando parte de un relato que construiría un entramado ideológico y que serán soporte de la representación del Enemigo Interno.

^[10]Es decir, aquí se trae a colación la metáfora elaborada por Mao Tse Tung, sobre que la población es para la guerrilla como el agua para el pez: así pues la estratégica contra-insurgente consistió en drenar el agua, es decir sustraer a la población como base de la guerrilla, para convertirla a fin al proyecto contra-insurgente.

[11]   Aquí es importante anotar que la estrategia militar descrita no contemplaba otras regiones donde había presencia de la ORPA y de las FAR. Para las primeras, en la denominada Sierra Madre y la Boca Costa, se aplicó el Teatro de Operaciones del Sudoeste (Taso) y para las segundas que operaba en el departamento de Petén y parte norte de Izabal y Alta Verapaz sobre todo, se usaron patrullas que adoptaron tácticas mas flexibles para la persecución.

[12]Esta situación queda plasmada también, en el documento del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, emitido por la Junta Militar de Gobierno, que se detalló en el primer capítulo..

^[13] La influencia al público auditorio, se montó por medio de los periódicos, radios y canales de televisión, donde no solo fueron los medios oficiales como el Diario de Centroamérica o el desaparecido Canal 5, propiedad del Ejército; sino los medios privados. Este público auditorio es un concepto que se empareja con los planteamientos de Moscovici acerca de la reproducción de representaciones sociales o la construcción de públicos empíricamente cotejables como con Warner. Y la necesidad del Estado de legitimarse y publicar relatos, que expresarán opiniones favorables a la acción represiva –por medio de la falsificación-- e imágenes, sobre que este se confronta contra un enemigo que manipula a la población indígena, evidenciando el sentido racista y de minusvaloración; que busca destruir la guatemalidad.

[14] Documento desclasificado del Estado Mayor del Ejército 121200MAR83

^[15] Papel fundamental de los medios informativos, que dejan de ser puramente de difusión –aunque los medios privados mantienen cierto sentido- para ser de propaganda y propagación, sobre todo el ultimo aspecto; es decir de reproducir representaciones sociales como la de Enemigo Interno, relatos y discursos de la amenaza comunista hacia públicos considerados pasivos o donde los mensajes provenientes desde el Estado, buscan que se conformen de tal manera. Esto como veremos en el próximo capitulo, fue sobre todo en los medios oficiales, pero también en privados como Prensa Libre, que su función adquirió el carácter de propaganda mientras que los oficiales, se convirtieron de propagación; aunque muchas veces la línea entre las tres es tenue.

^[16] Aunque como demostraron los hecho siguientes, casi no fue evidente los signos de repudio y protesta por el control militarizado de las aldeas modelos. La resistencia hacia el ejército provino de población que lograron evadir el cerco –con mucho dolor- de terror del ejército como las Comunidades de Población en Resistencia. O años después la aparición de las Comunidades en Resistencia Rujen Junar, cercano a la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, que denunciaron en la segunda mitad de la década de los ochenta y primeros años de los noventa, a las PAC.

^[17] Como parte de una primer aproximación para liberarse de la presión de la insurgencia sobre la carretera Interamericana y el departamento de Chimaltenango.

^[18] Ya inserta en el Plan Victoria 82 y el Plan de Operaciones Sofía 82. Pues es esta Fuerza de Tarea que hace extender el control territorial hacía los departamentos de Quiché, parte norte de Sololá, Huehuetenango y Totonicapan

^[19] Es importante anotar también que al ORPA al no realizar incorporación masiva ni crear estructuras locales en la población, los efectos del TASO ha sido poco estudiado, debilitándolo de alguna forma, pero manteniendo la capacidad de recuperación en iniciativa, sobre todo al sur de Sololá y norte de Suchitepéquez y la cadena volcánica y boca costa en los departamentos de Quetzaltenango y norte de San Marcos.